No celebramos la Constitución, sino que reivindicamos su cumplimiento
No celebramos la Constitución, sino que reivindicamos su cumplimiento
La Constitución, treinta cinco años después de su aprobación, en virtud del poder político subyugado a los mercados, no garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda ni a muchos derechos elementales, cuyo incumplimiento está socavando la dignidad de las personas. Nuestros gobernantes se dedican a privatizar los servicios públicos y a vender todo lo público para ponerlo en manos privadas, convirtiendo la Constitución de 1978 en papel mojado.
El texto constitucional se elaboró con el rescoldo de una dictadura represiva, porque no podemos olvidar que los entonces llamados poderes fácticos tuvieron un protagonismo clave en la transición política a la democracia, y en cierta manera, tutelaron e impregnaron el cambio de régimen y la propia Constitución. Recordemos, por ejemplo, el papel determinante jugado por la Iglesia y el ejército, así como la oligarquía política y económica que heredamos de la dictadura. Y por supuesto, el miedo que dichos poderes fácticos infundieron a los nuevos ciudadanos libres con el pretexto de evitar un nuevo enfrentamiento entre españoles, cuando no era más que una estratagema para perpetuar su poder.
Este fue el ambiente asfixiante en el que se consensuó –más bien se impuso- la actual Constitución, por cierto, muy lejos del ambiente idílico y modélico que la historia oficial sigue vendiendo y que además, dejó sin resolver cuestiones fundamentales para la convivencia social, como la relación Iglesia-Estado o el modelo autonómico Y ahora, nos encontramos con la cerrazón interesada del PP y el PSOE, que se niegan a corregir y adaptar el texto a las circunstancias actuales, una vez alejados algunos de aquellos fantasmas.
Los dos partidos mayoritarios argumentan que sería necesario un amplio consenso. !Eso suena a falacia en su boca¡ Una sola llamada de Zapatero a Rajoy sirvió para cargarse de un plumazo el cacareado consenso constitucional y reformar el artículo 135, con el fin abyecto de priorizar la España de los «patriotas y de marca» sobre las necesidades elementales de la España de los ciudadanos. ¿Y para que se tomó esa decisión? Para legalizar el rescate de los bancos que habían esquilmado a ahorradores de a pie y jubilados con hipotecas abusivas y las preferentes; para hacer constitucional el pago de deudas con los especuladores, y poniendo delante las «necesidades» de las grandes fortunas y deudas de dudosa legalidad y oscuros negocios.
Están aplicando la ley del embudo, que les permite cambiar la Constitución a su antojo para someter a todo un país a la dictadura de los mercados, de los que van de la mano, y no se puede modificar, cuando ellos –amalgama de intereses obscenos-, no lo creen conveniente. Tampoco quieren cambiar la ley electoral porque la actual les va muy bien para perpetuarse en el poder, invocando el “hoy te toca a ti y mañana a mí” del siglo XIX. ¡Viva la alternancia!
PSOE y PP, han desarrollado una curiosa capacidad camaleónica: cuando gobiernan, hacen lo contrario de lo que dicen en la oposición, en tanto que la representación de la soberanía nacional en el parlamento queda desvirtuada por una ley electoral que favorece el bipartidismo y no refleja la pluralidad de la sociedad española.
Las consecuencias son claras. La crisis, según las estadísticas, está haciendo más ricos a los ricos, que aprovechan la mano tendida de los gobernantes para aumentar sus fortunas a base de esquilmar a los pobres, que a su vez, cada vez son más pobres y se ven lanzados al abismo, arrojados de su vivienda, cuando hay millones cerradas; expulsados de sus puestos de trabajo; despojados de su dignidad con salarios esquilmados; abandonados en interminables listas de espera o incluso desahuciados del sistema sanitario o de las coberturas sociales.
No parecen dispuestos a reconocer el fracaso de sus políticas, que van destrozando a diario una Constitución que debía amparar a todos los ciudadanos. Y no lo hacen porque las leyes de mercado, a las que obedecen ciegamente, están expurgando a miles de familias que, cuando acabe la crisis, no podrán retornar a la clase media que, hasta ahora, era un factor de cohesión social asumido por todos los poderes políticos y sociales. A la casta política dirigente no le va mal y asiste impasible al empobrecimiento e incluso al hambre de miles de ciudadanos.
En definitiva, hay un sinfín de rezones dramáticas para no celebrar festivamente la Constitución, sino para reivindicar su cumplimiento y, por supuesto, exigir su adecuación a una sociedad que nada tiene que ver con la que heredamos del franquismo.
Emiliano García García
