Los servicios sociales de proximidad (con todos sus defectos y aspectos mejorables) constituyen una primera, digna y silenciosa línea de contención cercana a las necesidades de millones de personas

EL DOCUMENTO ENVIADO A LA COMISIÓN EUROPEA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONFIRMA LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA

La mitad de los importes de ahorro de la reforma local proviene de la supresión de servicios.

Hasta ahora, habíamos calculado lo que suponía en términos económicos la actuación de las entidades locales en materia de servicios sociales en España (nada menos que una tercera parte de la gestión y una cuarta parte del gasto nacional equivalente a un 1,5% del PIB) y habíamos denunciado las irracionalidades e incertidumbres que nos suscitaba el Proyecto de Ley que se debate en estos días en el Parlamento y que extirpará –si nadie lo remedia- las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles. Tan solo les quedará como función residual la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. (extremo este muy confuso y que habrá de ser definido por Ley, pero que apunta a conocer el caso y derivarlo para su atención en la Comunidad Autónoma, además de atender –eso sí- las situaciones de extrema necesidad… suponemos que procurando alimentos, albergues o cosas así…).

Pues bien, la mayoría lo que venía realizándose en el ámbito local por un importe total de 5.118 millones de euros (1.200 procedentes de las CCAA) se califica como impropio y deberá dejar de prestarse en el imposible plazo de un año.

El tristemente indocumentado en esta materia, señor Beteta (Secretario de Estado de Administraciones Públicas) no ve ningún inconveniente en ello, ya que, según él, todas esas tareas siempre han sido competencia autonómica y serán las Comunidades Autónomas quienes se encargarán de prestas estos servicios. Algún día le dedicaremos un tarde para explicarle lo que ha sido en Europa la ciudad como entramado de relaciones vecinales en el que surgen las formas institucionales de solidaridad con los más desfavorecidos.

Paralelamente a la realización de esas «tranquilizadoras» declaraciones de tan docto personaje, el Gobierno de España enviaba a la Comisión Europea el documento Plan Presupuestario 2014 del Reino de España que contiene información más detallada que hasta ahora de algunas medidas contenidas en el Plan Nacional de Reformas, como es la reforma de la administración local con la que se pretende un ahorro global de 8.025 millones de euros en el periodo 2013-2019.

En dicho documento encontramos (p.30) lo que ya habíamos vaticinado. Solo hasta 2015, la erradicación del mal llamado gasto impropio de las entidades locales, unido al traspaso competencial hacia las Comunidades Autónomas supondrá nada menos que 3.755 millones de euros (equivalente al gasto total depurado de los entes locales en servicios sociales de 2012). Pero es la página 49 del texto enviado a Bruselas la que -ya sin eufemismos- recoge estas cantidades con un epígrafe diferente al de «gasto impropio», utilizando un término más clarificador «supresión de servicios», con un ahorro entre 2014 y 2015 (año en que los ayuntamientos dejarán de prestar servicios sociales) de 3.282 millones. A esto se sumarán transferencias de servicios a las CCAA por importe de 473 millones.

Desde 2016 hasta 2019 se completará la reforma con el cierre o traspaso de servicios educativos y sanitarios (mantenimiento de escuelas municipales y consultorios médicos fundamentalmente)

Ante la tremenda gravedad de lo descrito, tenemos que manifestar que:

1º.- El Gobierno va a destruir el sistema de servicios sociales en su red básica, siendo este sistema más coste eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay un detrás de ello ni un razonamiento económico científico serio ni un análisis pormenorizado de los impactos reales en la población.

2º.- Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios por la interdicción de incrementar el coste de los mismos y mucho menos en un escenario en el que ellas mismas deben aún recortar otros ocho mil millones tal y como consta en el citado documento enviado a Bruselas.

3º.- Que nadie se equivoque. Estos servicios no se privatizarán. Simplemente desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES NEGOCIO. Eso sí, se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia como, por cierto, ya se observa en algún medio de comunicación público.

4º.- Los servicios sociales de proximidad (con todos sus defectos y aspectos mejorables) constituyen una primera, digna y silenciosa línea de contención cercana a las necesidades de millones de personas empobrecidas. Si se destruye ese dique, el tránsito: pobreza –> exclusión –> violencia y ruptura de la paz social; será inevitable.

5º.- Que algunos alcaldes hayan apoyado y defendido que los servicios sociales no son de su responsabilidad (repitiendo hasta la saciedad el término «competencia impropia»)…, corresponderá a sus convecinos juzgarlo electoralmente. A nosotros nos duele y nos repugna intelectualmente. Luchar por una financiación suficiente frente a la injusticia que han padecido y que nosotros mismos hemos denunciado, sí; pero hacer dejación de responsabilidades, no es admisible.

6º.- Cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial. (Por cierto, en eso de las policías no han visto duplicidades ni solapamientos…)

7º.- Hacemos un llamamiento al sentido común de los legisladores en el Parlamento. Infórmense. Analicen. Piensen en cómo está la situación del país y de su población y decidan si es el momento para destrozar los servicios sociales de atención primaria cuando están haciendo una callada y encomiable labor nunca reconocida, insuficiente –seguro- pero absolutamente necesaria.

8º.- Finalmente hacemos un llamamiento a cuantos creen en un sociedad justa, en la que la dignidad de todas las personas esté por encima del principio de estabilidad presupuestaria, para que –cada uno/a en la medida de sus fuerzas y capacidades- se opongan frontalmente a esta vergüenza.

Para más información: José Manuel Ramírez. Presidente ADYGSS e-mail: directoressociales@hotmail.com