La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo apoya al vecindario del Polígono
La Federación Vecinal El Ciudadano exige la retirada urgente de las más de 90.000 toneladas de residuos de amianto diseminados en las cercanías del Polígono, en algunos casos, a menos de 30 metros de las viviendas. Es, sin duda, el mayor problema sanitario y medioambiental que tiene planteado la ciudad de Toledo, pues de sobra son conocidas las graves enfermedades que provoca este mineral prohibido en 2002.
Se trata de preservar la salud de las más de 80.000 personas que la habitan y no podemos permitirnos más dilaciones. Han transcurrido al menos veinte años desde que se produjeron estos vertidos ilegales, sin que los numerosos responsables políticos implicados hasta el día de hoy hayan sido capaces de adoptar medidas para atajar dichos riesgos sanitarios, ya sea autorizándolos, permitiéndolos o, incluso, obstaculizando cualquier posible solución.
La Federación considera que la valoración de las posibles medidas que resuelvan esta situación no debe hacerse ni primando los criterios económicos ni aceptando proyectos que supongan la emisión de fibras de amianto al aire, tal y como admite el informe elaborado por la empresa Emgrisa para la Comisión Técnica del Ayuntamiento. El criterio predominante debe ser preservar, sobre todo, la salud pública.
Y por supuesto, no puede volver a producirse el desatino y negligencia de la retirada de amianto del Barrio Avanzado, en la que todos pudimos ver cómo de una manera insensata y negligente la Junta de Comunidades puso en riesgo la salud de los propios operarios y del vecindario. Para ello, basta con cumplir la normativa vigente para trabajos con exposición al amianto, que es muy clara y completa.
Asimismo, ante el alarmante goteo de nuevos vertidos de amianto a los que asistimos en las últimas semanas pedimos que, con la mayor urgencia posible, el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta levante acta de todos y cada uno de los núcleos de amianto “descubiertos” hasta ahora, y realice una amplia y exhaustiva inspección para determinar el verdadero alcance de este desastre contra la salud pública.
Y por último, consideramos necesario que las tres administraciones implicadas, Junta de Comunidades, Confederación Hidrográfica del Tajo y Ayuntamiento, asuman sus responsabilidades y colaboren leal y honestamente en una solución definitiva y permanente, poniendo por delante la salud pública de la ciudadanía a cualquier otra consideración partidista. La Comisión técnica del Ayuntamiento, que nació para encontrar una solución, debe agilizar sus tareas y no convertirse en parte del problema ni eternizarse en el tiempo.
