Interesante artículo, para estar documentado sobre los riesgos del amianto y soluciones.

El amianto, que ha causado (y sigue causando) graves daños a la humanidad, tiene una solución razonable                                                  (Paco Puche .Rebelión)

Nuestra propuesta es la vida, una nueva y amenazadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde sea cierto el amor y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”  (Gabriel García Márquez).

Hay una segunda oportunidad para aquellos que hasta la forma de morir les ha sido secuestrada. Para los que han muerto (o van a morir) a causa del amianto en sus trabajos y en sus entornos familiares o ambientales, porque podemos sacarlos de la “cunetas” del olvido y hacerles justicia. Es un caso más de memoria histórica. Para el resto, porque puede librarse, a ellos y ellas y a sus hijos y nietas, del fatídico mineral ya que es posible erradicar el amianto de nuestras vidas, de forma razonable, en no mucho tiempo (y de forma definitiva también, a más largo plazo).

Es posible terminar con esta epidemia y desazón en la que vivimos en toda la sociedad, pues el amianto es invisible, universal, sibilino y fatídico. Todos tenemos motivos para estar alarmados. ¿Y cuál es esa “solución”?                                                                                                                       No es mágica, pasa por tres ejes:

1º Por la prohibición universal del uso y comercialización del amianto (asbesto) en todo el orbe, como ya es una realidad en más de 55 países.

2º Por hacer justicia a las víctimas y a los victimarios, siguiendo el código de aquellas: verdad, justicia legal y reparación.

3º Por la erradicación exigente, segura y controlada de todo el amianto instalado.

Nada de esto es imposible, sino todo lo contrario: lo estamos viendo día a día. Hay un país más que lo prohíbe (es el caso reciente de Brasil, uno de los mayores productores y consumidores de este mineral, y fue el caso del cierre de la última mina de Canadá, una de las mayores del mundo, hace 6 años); hay una justicia legal que cada día suministra sentencias más cercanas a las víctimas (es el caso de una Sentencias del Supremo de 2012, en la que propio Tribunal admite que ha cambiado de criterio; o la reciente sentencia contra Uralita del Tribunal Superior de Madrid, en la que por primera vez se admite como damnificados a los vecinos cercanos a la fábrica); y hay un clamor institucional y popular por la erradicación segura del amianto en nuestras vidas (Metro, viviendas, conducciones de agua, colegios, hospitales, etc.).

Pero como nada de esto llega por el arte de birlibirloque, necesitamos de unos agentes intencionales que laboren por esta causa. Nos referimos a los y las que toman conciencia del grave problema y dejan su equidistancia anterior. Aludimos a la presión social que han de seguir haciendo las víctimas, las organizaciones sociales, profesionales y los/as investigadores. Hablamos de los medios de comunicación y de las redes sociales que no deben parar de difundir las denuncias y las recomendaciones, con ocasión o sin ella. Y hablamos de legalidad. Estamos apuntando a romper la conspiración del silencio interiorizada en la sociedad este último siglo (instada y a beneficio de los magnates asesinos). Para ello se necesita alertar y alarmar a la población. Ambas cosas para romper el robusto caparazón con que se nos han blindado las conciencias.

Decía Marcel Goldberg, director del Instituto de Salud Pública l’INSERM, en el Senado francés, el pasado 20 de octubre de 2005, que «Les experts ont alerté sur les risques de l’amiante mais ils n’ont pas été écoutés » (Los expertos alertaron sobre los riesgos del amianto, pero no han sido escuchados).

 Indagando en las soluciones: Contamos desde hace más de cuarenta años, con que la Organización Mundial de la Salud (OMS), directamente o a través de su Agencia internacional contra el Cáncer (IARC), mantienen sin lugar a dudas dos dogmas que destruyen los argumentos de los negacionistas: uno que el amianto inhalado (sobre el ingerido hay división de opiniones)es un potente cancerígeno, que afecta principalmente a trabajadores-as de la industria y mantenimiento, pero no solo a ellos; y segundo que no hay dosis mínima de exposición segura.

Esto se traduce en la constancia de millones de muertes y decenas de millones de enfermos con dolencias de distinta gravedad. Y se cifra en esos indicadores sintéticos de salud que se han dado en llamar DALYs (Años de vida perdidos por discapacidad). En el caso del amianto, en 2013, murieron por cáncer de exposición ocupacional 194. 000 trabajadores, y esto supuso un DALY del orden de 3.4 millones . Dividiendo ambos números nos dice que cada trabajador “perdió” una media de 17.5 años.

Disponemos de la Resolución del Parlamento Europeo que, en sesión plenaria del 14 de marzo de 2013, con el 91% de los votos presentes, es decir de casi todos los partidos del arco parlamentario español, aprobó el citado documento titulado

“Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”. En su instancia 22, el Parlamento “pide a los Estados miembros que avancen en el proceso de eliminación gradual del amianto en el menor plazo posible”. Se refiere al amianto instalado pues en la UE, en esa fecha, el uso y la comercialización estaban prohibidos de forma universal.

Contamos con la apuesta del CESE (Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo de la UE en el que están presentes los sindicatos y la patronal), que en su Dictamen “Erradicar el Amianto en la UE, de 20 de febrero de 2015, aprobado por el 91.5 % de los presentes en el pleno, todos de nuevo, recomendó que “l a completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los productos que contengan amianto debe ser un objetivo prioritario de la Unión Europea” y que “El objetivo es erradicarlo a finales de 2032”.

Sorprendentemente, tenemos a favor la resolución en el Parlamento Británico del Grupo Parlamentario de Seguridad y Salud Ocupacional de 2015, que integra a todos los partidos, que considera que“ GB necesita la erradicación del amianto por ley, y que ha llegado el momento de poner en práctica las regulaciones que requiere la eliminación segura, gradual y planificada de todo el amianto que aún sigue vigente en toda Gran Bretaña”. Porque (siguen diciendo) “sólo de ese modo podremos garantizar que las generaciones futuras no tendrán que experimentar la misma epidemia mortal de las enfermedades relacionadas con el amianto que se están sufriendo en la actualidad”. Las fechas que proponen para todo el amianto es para antes de 2035 y para el caso de los colegios para antes de 2028. Hasta ahora, en GB, la política era simplemente de encapsulación, mantenimiento y vigilancia, que ha fracasado rotundamente.

Y podemos contar con financiación. En efecto, en una repuesta a preguntas parlamentarias en la UE, la Sra. Thyssen en nombre de la Comisión respondió el pasado 10 de abril de 2018, entre otras cosas las siguientes:

“La Comisión coincide en que la exposición al amianto es un problema grave que debe abordarse de forma adecuada tanto a nivel de la UE como a nivel nacional.” Y “Los Estados miembros pueden asignar ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la manipulación y la retirada del amianto en función de los objetivos de los respectivos programas nacionales o regionales.” Pero ni tenemos tales programas, ni hemos solicitado dinero europeo para este menester. Pura negligencia, y pura conspiración del silencio.

Disponemos de normativas, que suelen ser transcripciones rebajadas de Directivas, por la que se ha puesto un límite al amianto instalado: “hasta su eliminación (retirada) o el fin de su vida útil”. Como para dentro de pocos años el cien por ciento del amianto que perdura está obsolescente, hay que erradicarlo. Además, el fibrocemento ya se sabe que es friable, es decir que expulsa fibras con el tiempo y es quebradizo. No vale ya minimizar su daño.

Para el desamiantado seguro, existe legislación suficiente, aunque muy mejorable, que nos permite dejar fuera de peligro a los trabajadores que manejan amianto y a los vecinos que están cercanos a los manejos. Otro asunto es que las exigencias a las empresas son pocas y el control tendente a nulo.

Si se mejorasen estas normas y se pusiese el acento del desamiantado en el término “seguro”, es decir en el control e inspección de este tipo de trabajos, y en la escrupulosa limpieza de los lugares intervenidos, los daños infligidos serían pequeños o nulos.

 Conclusión

Hay dinero, hay serios impulsos institucionales para la erradicación segura, y a corto plazo y hay una progresiva protesta social, todo ello nos hace ser optimistas.

Para las víctimas, la creación del Fondo de Indemnización reclamado como ley en el Congreso, y el castigo penal a los empresarios máximamente responsables como los March en España, el suizo Shmidheiny (ya en los tribunales penales italianos) y el belga Emsens , podrían cerrar un ciclo de soluciones satisfactorias en nuestro entorno.

En cuanto al panorama internacional, además de apoyar la prohibición, lo que no hay es que a los países que no lo han prohibido, enviarle los barcos al desguace ni invertir en empresas de amianto en esos países que lo permiten, como así han aprobado los parlamentarios europeos en la Resolución mencionada.

Es cuestión de alarma social (además de la alerta informativa) y de las respuestas adecuadas de todas las instituciones.

Notas:

Los DALYs (Años de vida perdidos por discapacidad) combinan los años potenciales de vida perdidos (APVP) más los años vividos con discapacidad (AVD) dentro del proceso salud enfermedad. Combinan pues los años potenciales de vida perdidos, según la esperanza de vida, más los años vividos por discapacidad.