EL FRAUDE DE LAS PENSIONES PRIVADAS

Vicenç Navarro –17 de abril de 2014

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Una avalancha constante por parte de la banca y de las compañías de seguros privadas es hacer creer a la población que las pensiones públicas son insostenibles, es decir, que como resultado de la transición demográfica (cada vez hay más ancianos y menos jóvenes) no podrán pagarse. Se repite constantemente que no habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los ancianos. Y debido a la enorme influencia que estas instituciones tienen sobre el mundo político, mediático y académico del país, esta tesis de la insostenibilidad de las pensiones ha alcanzado una categoría de dogma. Todos los gobernadores del Banco de España –incluido el actual, el Sr. Luis María Linde– y los presidentes del Banco Central Europeo (como el actual, el Sr. Draghi) han enfatizado la necesidad de que la población española se haga un aseguramiento privado un plan privado de pensiones que les garantice el nivel de vida al cual están acostumbrados, subrayando que las pensiones públicas no se lo garantizarán.

Esta postura es también promovida por la mayor parte de economistas de pensamiento liberal (que son la mayoría hoy en los centros académicos), alcanzando su máxima expresión en las declaraciones de economistas ultraliberales como el “economista de la casa” de TV3, que propone la privatización de la seguridad social, tal como hizo el gobierno presidido por el General Pinochet en Chile. En aquel país, la tasa  neta de reemplazo de las pensiones públicas es bajísimo, menos del 6% del salario medio de las personas, siendo complementadas por provisiones del aseguramiento privado, insuficientes para alcanzar el nivel necesario de mantenimiento del estándar de vida del jubilado (se alcanza solo el 52%; en España, en las pensiones públicas es del 80%).

En esta promoción de las pensiones privadas, el Estado juega un papel clave. En España, el Estado desgrava (lo cual quiere decir que subvenciona) el aseguramiento privado. Es decir, provee unos 2.000 millones de euros, con datos de 2012, para que las personas que se compran pólizas de aseguramiento privado paguen 2.000 millones de euros menos. Un enorme regalo. Para que el lector se dé cuenta de lo que ello significa, baste recordar que el Presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir precisamente 1.500 millones de euros a fin de reducir el déficit público, subrayando que no había otra alternativa para conseguir dinero (con el fin de reducir el déficit) que congelar las pensiones. Dicha afirmación de que no había alternativa no era cierta. Podría haber eliminado la desgravación (es decir, el subsidio público) a las pensiones privadas, consiguiendo algo más que esa cantidad.

Ni que decir tiene que, como resultado de la enorme influencia del capital financiero (banca y compañías de seguros) sobre los medios (todos ellos endeudados con la banca), ninguno de los principales medios de comunicación editorializó proponiendo esta medida como alternativa a la congelación de las pensiones. Y, naturalmente, FEDEA, el portavoz de este capital, y su revista Nada es Gratis, frecuentemente citada en los medios, no dijeron ni pío, aplaudiendo en cambio la congelación, mostrando esa política pública como un indicador de madurez y realismo. A su vez, los economistas de los gobiernos Zapatero y Rajoy (que cínicamente se opuso a la congelación para apoyarla cuando estuvo en el gobierno) aplaudieron dicha medida. Y, como no, la Troika (El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el BCE) y todo el mundo que manda en la Unión Europea también aplaudieron. Es importante señalar que, en general, las mismas voces que piden que se reduzcan las pensiones públicas porque no habrá jóvenes que las paguen, apoyan las políticas de bajadas de salarios y de destrucción de empleo (eliminando empleo privado y público), que fuerzan a los jóvenes (cuya tasa de desempleo es de más del 50%) a irse del país.

La privatización de las pensiones

La privatización de las pensiones es la medida más promovida por los establishments financieros, económicos, mediáticos y políticos (en este orden) de España (incluida Catalunya) y de la UE. En todos ellos se asume que las pensiones privadas son mejores que las públicas. Lo que es sorprendente es que todos (repito, todos) los datos (creíbles y rigurosos) muestran precisamente lo contrario (ver el libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, Lo que debes saber para que no te roben la pensión). Incluso instituciones de tendencias liberales, como la OCDE, en el informe Pensions at a Glance 2013, reconocen que el sistema de pensiones privadas en España es un desastre. La narrativa que utilizan no utiliza dicha expresión, pero sus conclusiones justifican este diagnóstico.

Menos concluyente, pero también muy poco halagador, es el informe presentado por un grupo de investigadores del IESE que ha estado siguiendo la evolución de las pensiones privadas (trabajo bien resumido por Pere Rusiñol en su artículo Pensiones privadas, un mal negocio en España, publicado en Alternativas Económicas). Según este informe, de los 257 fondos de pensiones privados con al menos 15 años de historia, solo el 1,16% (sí, solo 1,16%) lograron una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años. Otro 10% tuvieron pérdidas, con lo cual, el asegurado perdió dinero. La rentabilidad de la mayoría era baja. El que tenía mejor rentabilidad alcanzaba solo el 1,58% (los bonos del Estado tuvieron unos intereses medios superiores, del 4,4%, para el mismo periodo de tiempo). En realidad, la OCDE ha indicado que la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España (en el periodo 2008-2012) fue negativa en términos reales (una vez descontada la inflación). Después de Estonia y Polonia, España fue el que tuvo peor rentabilidad.

Pero lo que es incluso más interesante es que el hecho de que tengan una rentabilidad muy baja, no quiere decir que les vaya mal a los gestores de los fondos privados de pensiones. Este es un dato de enorme interés. De la misma manera que los banqueros españoles son los que están mejor pagados en la Unión Europea, a pesar de que la banca española apenas ofrece crédito, no realizando su función social, los gestores de las compañías de seguros tienen elevados ingresos, precisamente a costa de la baja tasa real de sustitución salarial de los futuros jubilados y las elevadas comisiones que reciben. Estos gerentes de las compañías de seguros reciben las comisiones (lo que los gerentes y magnates de las compañías de seguros se quedan como paga personal por cada póliza de seguros) más altas de la UE. Solo otro país las tiene más altas. Esta situación es escandalosa (ver mi artículo El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas, publicado en Sistema, 04.04.14).

Los pensionistas privados están claramente desprotegidos frente al capital financiero y sus gestores. Y para complicar más las cosas, este capital financiero tiene una enorme influencia en el Estado. En realidad, la mayoría de autoridades públicas responsables de supervisar las pensiones privadas son individuos procedentes o que terminan trabajando para tales compañías. Pere Rusiñol muestra la puerta giratoria que hay entre los directores generales de Seguros y Fondos de Pensiones del gobierno, por un lado, y las compañías de seguros y fondos privados de pensiones, por el otro, con una puerta giratoria que alcanza su máxima expresión en los gobiernos Aznar y Rajoy, máximos favorecedores de la privatización de las pensiones. Pero de todo esto, prácticamente nada se ha dicho al ciudadano, incluido al que tiene una pensión privada.