MANIFIESTO EN DEFENSA DEL USO PÚBLICO DE LAS VÍAS PECUARIAS, LOS CAMINOS PÚBLICOS Y SENDEROS DE CASTILLA-LA MANCHA

Por la retirada de la modificación de la Ley de Caza que permitiría la autorización de la caza en vías pecuarias, caminos públicos y senderos señalizados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas, ha impulsado de manera sorpresiva, sin ninguna información ni dictámenes previos, una modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permitiría el ejercicio de la caza en las vías pecuarias, caminos públicos y senderos señalizados.

Las vías pecuarias, caminos públicos y los senderos, conforman una extensa red de viales que dan servicio a usos tradicionales de la agricultura y de la ganadería, que comunican pueblos, que permiten la práctica deportiva y el disfrute de la naturaleza y son la base para el desarrollo de muchos tipos de actividades turísticas.

Dichas infraestructuras son en su inmensa mayoría de dominio o titularidad pública, fundamentalmente a cargo de la Comunidad Autónoma y de los Ayuntamientos. De acuerdo a la legislación vigente deben destinarse a los usos públicos establecidos en la normativa y entre los que no figura la caza.

En Castilla-La Mancha esta red de caminos y vías pecuarias vertebra el territorio más que ninguna otra y es intensamente utilizada en muchos casos a diario por los más diversos tipos de entidades y personas. Solo las vías pecuarias disponen de una longitud de 14.579 kilómetros. La de los caminos y senderos sin duda multiplica dicha cifra, estando muchos de ellos señalizados para rutas saludables, deportivas, de ocio y medioambientales.

Un ejemplo de la dimensión social a que da lugar el uso de estos viales lo ofrece la última “Encuesta de hábitos Deportivos” de la estadística del INE y que cifra en más de 8 millones el número de personas que practican el senderismo en España, es decir, un tercio de la población.
Trasladada esa estimación al ámbito castellano-manchego, unas 600.000 personas lo practicarían.

En particular las vías pecuarias son además parte de la infraestructura verde de corredores ecológicos llamada a articular y conectar las grandes zonas de importancia para la biodiversidad.

Por su parte los caminos públicos, tienen un valor etnográfico, social y económico muy relevante en los pueblos, y son también parte, como las vías pecuarias, de las redes de senderos que permiten el uso y disfrute del medio natural y del medio rural.

Se habla por tanto de una verdadera infraestructura verde y rural que constituye un patrimonio esencial para la sociedad al que no se puede renunciar como tampoco se puede ni se debe renunciar a que la ciudadanía pueda disfrutar de él en condiciones de libertad y seguridad.

Por eso resulta imprescindible, como ya se viene demandando desde diversos foros en cumplimiento de la legalidad vigente, que este patrimonio esté debidamente inventariado, deslindado, señalizado y regulado de tal manera que se garantice su conservación y mantenimiento para las funciones que las leyes les tienen encomendadas. En esta situación, en Castilla-La Mancha los pasos que se han dado para proteger este patrimonio son insuficientes para garantizar su preservación. Incluso en más de una ocasión, se han dado pasos atrás o permitiendo ocupaciones, descatalogaciones o desvíos sin la debida y objetiva justificación.

A más abundamiento, no solo se amenaza el ámbito físico de estos bienes de titularidad pública, sino que cada vez con mayor frecuencia se permiten usos privados que comprometen el uso público de los mismos.

En este contexto hay que destacar como una agresión especialmente grave y con pocos precedentes la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de las Cortes regionales, está promoviendo un cambio muy sustancial en la Ley de Caza, al objeto de permitir el ejercicio privativo de la caza en estos espacios. Dejando así de lado su condición de públicos y de zonas de seguridad donde hasta ahora no se permite la caza y donde se establece un perímetro de seguridad donde esta actividad se limita, en particular en cuanto al uso de armas
de fuego se refiere.

Esta modificación choca claramente con la legalidad y con la funcionalidad a la que son acreedoras estas infraestructuras rurales. Y también choca con la evidencia de que la caza se ha venido ejerciendo, y lo podría seguir haciendo como hasta ahora, es decir, respetando íntegramente estos espacios públicos y el derecho de la ciudadanía a su uso disfrute.

Más allá incluso de estas consideraciones, la aprobación de este cambio normativo podría generar un problema de conflicto social y grave perjuicio económico, así como un evidente riesgo para la seguridad de los centenares de miles de personas que hacen uso de estas infraestructuras.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

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